Crissia Contreras
El derecho a la ciudad se manifiesta como forma superior de los derechos:
el derecho a la libertad, a la individualización en la socialización, al hábitat y al habitar.
Henri Lefevre
La constricción de una dictadura se siente en el espacio, basta con cruzar una frontera para darse cuenta de que el ritmo vital es otro. Durante los últimos años este contraste ha sido objeto de mi inquietud, y una situación que me conecta con aquella frase de Hamlet «Dinamarca, es para mí, una prisión», porque hay países que parecen prisiones. No es una novedad que en contextos autoritarios el uso del espacio público se regule y sea administrado por las fuerzas del Estado, ejemplos próximos encontramos en las dictaduras latinoamericanas del siglo XX y en sus huellas; sabemos también que se ha teorizado bastante sobre la espacialización del poder, se ha pensado a la ciudad como un espacio en disputa, de hecho, geográficamente podemos cartografiar el poder. No obstante, como sociedad, adolecemos de una consciencia sobre el espacio público en todas sus dimensiones.
En Venezuela existe una privación del uso del espacio público por la vía policial y por la vía del consumo, el resultado es una especie de toque de queda, de prisión espiritual, de país cuartel. Desde el 2014[1] podemos rastrear eventos que fueron arrebatando a la ciudadanía el derecho a la ciudad, entendida esta última como el espacio de convivencia y encuentro con el otro; pero no fue hasta la pandemia cuando el Gobierno obtuvo el control definitivo del espacio y por tanto de las dinámicas de la vida. Tenemos un buen tiempo sumergidos en ese orden de las cosas y hemos normalizado que las formas de habitar la ciudad hayan cambiado para siempre. Esta situación que describo se opone a la idea de normalidad que algunos promueven, quizás como mecanismo de defensa o como propaganda gobiernera, pero nada hay más falso, se trata de la paz de los cementerios; de la resignación ante el nuevo orden de las cosas; de la capacidad de consumo de un puñado de personas que se convirtieron en privilegiados por poder comer, beber, vestir o viajar, sacrificando casi siempre lo importante: la salud, la educación, la seguridad social y, muchos de ellos, siendo «resilientes», que es el eufemismo de moda para llamar a ese estado de sálvese quien pueda que esconde un cinismo/mimetismo.
Aunque existen diferencias en la regulación y privación del espacio público determinadas por las características geográficas, urbanísticas y culturales propias de las ciudades y por la oposición capital/provincia, realmente hay una tendencia a la uniformidad. Venezuela se ha convertido en un paisaje de Casas muertas: desolación por todas partes. Es un país vaciado de su gente y esto se percibe en todos los espacios: en las escuelas, liceos, universidades; en las empresas y negocios cerrados; en la ausencia de tráfico, en los autobuses donde ahora se puede ir sentado; en la reducción de los centros comerciales, financieros y culturales de las ciudades, y todo lo que se me escapa. Pero no es un vaciamiento exclusivamente motorizado por la migración masiva, que no negamos y es evidente, pero hemos de reconocer también que en el país permanecen poco más de 29 millones de personas[2] que no se ven en las calles y que no ocupan los espacios públicos porque efectivamente hay una privación indirecta, tanto policial como económica, del espacio público.
En contextos autoritarios, como el de Venezuela, es común que la fuerza pública perciba al ciudadano como una amenaza o como un botín, y que, por su parte, la ciudadanía sienta aprensión de habitar el espacio público. Los cuerpos policiales en estos contextos tienen derechos excepcionales y los ciudadanos tienen miedo porque se saben desprotegidos institucionalmente. Esta opresión policial priva, privatiza y excluye pero además, en el caso venezolano se intersecta con la opresión económica que ha hecho que las personas tengan ingresos tan insuficientes que la prioridad es exclusivamente alimentarse[3]. El problema productivo y salarial ha engrosado la tasa de desempleo y desocupación[4], la población empleada percibe salarios muy bajos[5]; la crisis económica ha estimulado la desescolarización en todos los niveles: básico, medio y universitario[6]; el dinero es insuficiente para cubrir los costos de movilizarse en transporte público o privado[7] y más aún para costear los gastos de departir con otros tanto en espacios públicos como en establecimientos privados. En este sentido, tenemos una situación en la que los distintos problemas del país confluyen en impedir que las personas estudien, trabajen o departan, imposibilitando así que habiten los espacios comunes.
¿Cómo afecta esta situación a los venezolanos? Desafortunadamente es un problema que afecta a la sociedad y a los individuos que la componen de diversas formas, podemos identificar un impacto en necesidades antropológicas básicas, asimismo en dimensiones psicológicas, intelectuales y sociales. La mayoría de los venezolanos encuentran dificultad o imposibilidad para encontrarse con el otro, para salir del espacio y de las dinámicas domésticas, para conversar, reír, jugar, divertirse, crear, observar realidades distintas a la propia, conocer otros puntos de vista, pensar fuera de los marcos ideologizantes que imperan en el país, trabajar en espacios que respeten las libertades políticas, sentirse acompañados y sentirse parte de una comunidad, etc. Gran parte de la población venezolana se encuentra aislada involuntariamente, sufriendo una involución intelectual y social, viviendo además en soledad el estigma de la pobreza, renunciando a la gratificación psicológica, social e intelectual que brinda el encuentro con el otro. Estamos frente a una situación de opresión y de repliegue que impacta directamente la vida de los venezolanos más allá de lo material y parece que no nos damos cuenta, hasta que cruzamos una frontera.
El caso colombiano
Las fronteras más dinámicas son las que se comparten con Colombia y el contraste está muy marcado, porque en Colombia ocurre otra cosa, encontramos otro ritmo vital que nos obliga a pensar en los flujos de la gente, en las formas de habitar el espacio. Pero para poder hacerlo hemos de reconocer que Colombia es actualmente un país con diferencias significativas frente a Venezuela: existe una democracia, hay Estado de derecho y la economía se encuentra en crecimiento.[8]
Claramente la situación política y económica es muy distinta, pero también este país, latinoamericano al fin, tiene sus bemoles al momento de pensar la relación entre la sociedad y el habitar del espacio público. Partimos de dos hitos principales en la construcción de esta relación: por un lado, la violencia. Colombia tiene alrededor de 80 años[9] en un conflicto que se parece bastante a una guerra civil y que ha cobrado aproximadamente un millón de vidas[10]. Este conflicto se desarrolla de forma itinerante por todo el territorio nacional (generalmente la capital sale ilesa por ser el centro político del país) y hace que las fuerzas militares o paramilitares controlen y administren el territorio, lo que se traduce en una privación y regulación temporal e itinerante del espacio público; asimismo de la circulación por las carreteras nacionales y en los peores casos del despojo de la tierra y la expulsión de los ciudadanos de los territorios que habitan, lo que se conoce como desplazamiento forzado. La violencia ha condicionado el espacio cartografiando en el mapa zonas “calientes” en las que es peligroso circular, trabajar y vivir.
En las ciudades, donde el Estado tiene mayor control policial del espacio, la relación de los ciudadanos con la ciudad está fuertemente determinada por una insólita política de estratificación social que se implementó en los años ochenta y noventa y que en su momento fue absurdamente presentada como una política de igualdad social, aunque más bien pareciera influenciada por el clima neoliberal de la época.
Inició como proyecto de la alcaldía de Bogotá entre 1984 y 1986, posteriormente, bajo los gobiernos de César Gaviria (1990-1994) y Ernesto Samper (1994-1998) se institucionalizó, se hizo ley y se generalizó su aplicación a todo el país. Se trata de una política que realiza una estratificación social de acuerdo con las características físicas de las viviendas y su entorno para establecer tarifas diferenciales en los servicios públicos, de esta forma se establecían subsidios cruzados para que los estratos más pobres pagaran menos y los más ricos, más.
Es sorprendente que se hayan utilizado estos criterios en el diseño e implementación de esta política pues ya existían modelos metodológicos para medir la pobreza mucho más eficientes, está probado que las condiciones físicas de una vivienda o su entorno no reflejan la capacidad de pago de los que allí viven, es un craso error de simplificación de un fenómeno tan complejo como la pobreza. Por otra parte, para esa fecha también existían teorías y evidencia científica sobre los efectos sociales y económicos de este tipo de políticas que devienen en segregación y estigmatización social, acentuando aún más la desigualdad ya no solo económica, sino ahora también cultural, intelectual y política.[11] Hoy en día Colombia es uno de los países más desiguales de la región y del mundo, diversos estudios han revelado los problemas de movilidad social asociados a la estratificación: la movilidad social en el país es muy reducida y solo se observa en los estratos medios, los extremos solo reproducen su condición. De acuerdo con un informe de la OCDE de 2018, y reafirmado posteriormente en 2022, en Colombia se necesitan 11 generaciones para pasar del 10% inferior al ingreso medio de la sociedad.
En este punto es importante cuestionarnos ¿Cómo impacta esta política de subsidios, que devino política de segregación, la relación entre los ciudadanos y el espacio público? La principal afectación está vinculada a los efectos propios de cualquier política de segregación: desigualdad, estigmatización y exclusión.
El espacio geográfico estratificado de esta forma generó comunidades concéntricas en las que los individuos no interactúan en condiciones de igualdad frente a individuos de otras comunidades de estratos diferentes. La estratificación social se convirtió en un criterio determinante para las dinámicas de la vida e incluso para las relaciones personales: pasó a determinar los lugares donde se vive, donde se consume, donde se estudia, y las personas con las que se establecen relaciones. De manera que los espacios se ghettificaron, convirtiéndose en salones de espejos donde solo se produce un relacionamiento con iguales. El trabajo, es quizás el único puente de conexión con el otro, aunque siendo Colombia un país con una tasa de empleo informal del 55% [12] la integración social que supone el trabajo es muy reducida. Además, observamos el despliegue de aquello que Lefevre pronosticaba para las ciudades posindustriales (aunque las ciudades colombianas no sean precisamente posindustriales): la construcción de una alianza entre el Estado y la empresa privada para incluir a las clases más altas y excluir a las menos favorecidas de la ciudad[13], literalmente se las excluye en términos geográficos alejándolas de la ciudad, de los centros culturales, académicos, comerciales. Esta aglutinación de personas en los suburbios hace que un ejército de trabajadores se desplace diariamente a los centros de trabajo, pasando por la ciudad: entrando y saliendo de ella, pero no habitándola, apropiándose de ella.
Esta desigualdad incontenible y desbordada hace que las ciudades colombianas sean un escenario interesante en términos políticos porque los excluidos se apropian como les es posible de la ciudad, convirtiéndola en un espacio en disputa y reivindicando así su derecho a la ciudad.
Formas de apropiación de la ciudad en Colombia
En algunas ciudades colombianas, estudiantes y trabajadores se reúnen después de la jornada del día a departir en algunas plazas públicas: conversan, ríen, escuchan música, beben alcohol y fuman pacíficamente, este encuentro es una forma de resistencia cultural, porque es una apropiación del espacio público para actividades sociales recreativas y además es una forma de resistencia a la imposición de que el encuentro con el otro esté mediado por el consumo, generalmente con sobreprecio, en establecimientos privados. La sociedad irracionalmente capitalista que habitamos, cada vez más, hace que el goce pase por el consumo, así que cualquier situación que escape de este esquema, es en cierta medida subversivo.
Otro escenario observable está vinculado a la resistencia de las clases menos favorecidas a ser borradas. Si en Venezuela la desigualdad social es contenida e invisibilizada, en Colombia es muy visible, las clases más pobres no pueden negarse u ocultarse porque la única forma de reproducción material de su vida está atada a la economía de la ciudad. Son personas que realizan trabajos informales en la ciudad: son obreros, vendedores ambulantes, domiciliarios, recicladores, etc, estos grupos que trabajan en condiciones de alta precariedad resolviendo el día a día, parecen incomodar a las clases medias, altas y hasta a los gobiernos locales que cada tanto tratan de expulsarlos de sus espacios de trabajo, pero ellos resisten.
Finalmente, hay un grupo, el más dramático y elocuente, completamente abandonado por el Estado y la sociedad[1]: mendigos, habitantes de la calle, trabajadores sexuales y personas con problemas de adicción a las drogas, muchas veces confluyen en una misma persona varias de estas características, pero no siempre. Suelen ser los más excluidos porque se les corre de donde transitan y donde residen, viven en pagadiarios en zonas marginales y altamente peligrosas o en la calle misma, la policía les embarga sus pertenencias y sus campamentos, la sociedad los rechaza. Viven entonces de forma itinerante: en carretas, los más afortunados, o con algunos pertrechos los que menos, se concentran en zonas de tolerancia, cerca de riachuelos, en algunas avenidas con túneles que sirven de techo o en cualquier acera o umbral donde la policía o la gente los deje dormir.
En Colombia no puede contenerse tanta desigualdad y tanta indiferencia acumulada por décadas, así que estos grupos de personas aparecen en todas partes, en las zonas menos deseadas, en las más inconvenientes: en lugares turísticos, a la salida de un restaurante, de un bar, de un centro comercial, en la puerta de una tienda, o en la entrada de una iglesia… Están allí, interpelándonos con su mera presencia, porque «si los pobres no pueden vivir su pobreza con dignidad, los ricos no podrán vivir con tranquilidad su riqueza»[14].
Tanto en Colombia como en Venezuela la situación es problemática y retadora, pero al mismo tiempo, y lo digo en un arrebato de optimismo, tenemos todo para resolverla. No podemos seguir como diría el maestro William Ospina «siendo indignos del país donde nacimos», es momento de demostrar que también estamos hechos de grandeza y que somos capaces de defender el derecho a la ciudad, a una ciudad justa, democrática, incluyente, una ciudad que verdaderamente podamos habitar.
Referencias
- [1] En el 2014 tuvieron lugar unas protestas lideradas por la oposición al gobierno de Nicolás Maduro, denominadas “guarimbas”, las mismas produjeron una reacción gubernamental que creó una atmósfera bélica que sumió a la sociedad en un estado repliegue, afectando directamente las dinámicas de la vida y el uso del espacio público.
- [2] En Venezuela habitan 29.4 millones de personas de acuerdo con el World Food Programme (WFP).
- [3] De acuerdo con WFP el país está en una grave crisis de inseguridad alimentaria, un 15% de la población necesita urgentemente asistencia alimentaria y un 40% experimenta inseguridad alimentaria de moderada a severa.
- [4] No existen cifras oficiales sobre estos indicadores, pero podemos deducir que la dramática reducción del aparato productivo del país y la caída de los salarios generó un aumento de la tasa de desempleo y de desocupación.
- [5] El salario legal en Venezuela es el más bajo del mundo, por debajo del umbral de la pobreza, siendo el equivalente a 1 USD. Sin embargo, es suplementado con un esquema de bonificación que da el Gobierno a quienes trabajan para el sector público y a algunas personas que trabajan para el sector privado. En el sector privado las bonificaciones dependen de si el empleador cumple con ciertos esquemas y si el trabajador es parte de la plataforma del gobierno Patria. Los empleados que reciben todas las bonificaciones pueden ganar mensualmente aproximadamente 150 USD.
- [6] Diversos estudios hacen alusión a que la deserción escolar en el nivel medio y universitario está relacionada con la limitada o deficiente oferta académica, sin embargo, creemos que realmente subyace una causa de orden económico que obedece a la desvalorización del trabajo profesional, lo que desestimula el estudio universitario.
- [7] El problema del transporte público está asociado a múltiples causas: encarecimiento de la vida, de los repuestos, subsidios directos de combustible a los conductores y no a los usuarios, problemas para pagar en moneda venezolana lo que obliga a pagar en dólares o pesos colombianos a sobreprecio y no poder recibir vueltos por falta de medios de pago. Este problema es mucho más dramático en el interior del país que en la capital.
- [8] La economía colombiana ha crecido, aunque hay sectores rezagados y aunque no ocurra de la misma forma en todas las regiones.
- [9] Esta periodización corresponde a la muerte de Jorge Eliecer Gaitán como hito que marca el inicio del conflicto.
- [10] De acuerdo con datos de la Comisión de la verdad “450.664 personas perdieron la vida a causa del conflicto armado entre 1985 y 2018. Si se tiene en cuenta el subregistro, la estimación del universo de homicidios puede llegar a 800.000 víctimas.”. Sin embargo, hay declaraciones de Francisco de Roux quien, en el 2020, como presidente de la Comisión de la verdad dijo que la cifra ronda el millón de personas asesinadas en el marco del conflicto.
- [11] Si bien la estratificación social administrativamente es una clasificación de los hogares y no de las personas, en la práctica la estratificación social es un dato relevante en el desenvolvimiento social de los ciudadanos, por ejemplo, si vas a abrir una cuenta bancaria te solicitan tu estrato, si vas a estudiar en una universidad o a buscar un empleo, también.
- [12] De acuerdo con mediciones del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE)
- [13] Lefevre (1969) El derecho a la ciudad, pp. 99, 115.
- [14] Ospina (2025), No llegó el cambio y hacia atrás asustan, p. 35. Random House, Colombia.